La Contraloría General de la República realizó una auditoría de cumplimiento al proceso de licitación para la contratación de la ejecución de la obra “Mejoramiento de la carretera Ayabacas – Pusi” de las provincias de San Román y Huancané de la región de Puno, detectando irregularidades que afectaron la probidad, trasparencia y normal funcionamiento de la administración pública.
De acuerdo al Informe de Auditoria de Cumplimiento N° 874-2018-CG/GRPU-AC, se observó que previo al otorgamiento de la buena pro y suscripción del contrato del proceso de selección, el Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional Puno, comunicó al ex gobernador regional, así como al presidente del Comité Especial, hechos adversos relacionados a la incorrecta integración de bases, admisión de propuesta sin cumplir con los requerimientos técnicos mínimos, asignación de puntajes superiores a lo que correspondían y otorgamiento de la buena pro sin la disponibilidad presupuestal ni la autorización del titular.
No obstante, el Comité Especial Ad – Hoc, admitió la propuesta de la contratista, a pesar, que incumplió con acreditar los requerimientos técnicos mínimos; para luego evaluar, calificar y asignar mayores puntajes a los que correspondían en los factores de evaluación permitiendo que acceda a la etapa de evaluación económica, y otorgarle la buena pro por un monto superior al valor referencial, sin la previa disponibilidad presupuestal ni aprobación del titular.
Aunado a ello, se evidenció que los servidores y funcionarios que participaron en el desarrollo de cada una de las etapas del proceso de selección, y que tuvieron conocimiento de estos hechos, no observaron ni informaron sobre los mismos y por el contrario efectuaron trámites conducentes para la suscripción del contrato con la contratista, cuando no correspondía.
Esto ocasionó que se otorgue la buena pro por un monto de S/ 24´675,559.14 y se suscriba el contrato con un postor que no cumplía con los requerimientos mínimos.
En total son siete entre exfuncionarios y exservidores públicos comprendidos en los hechos, a quienes se les detectó presuntas responsabilidades administrativas y penales. El informe fue remitido, con los recaudos y evidencias documentales correspondientes, al Órgano Instructor competente para iniciar el procedimiento sancionador correspondiente.
Además, el informe se puso de conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Contraloría General, para que inicie las acciones legales que sean necesarias.
