El pez muere por la boca. El mismo Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se encargó de confirmar que las más altas autoridades del Gobierno, encabezadas por el presidente Martín Vizcarra y los titulares del MEF y del sector Salud, se reunieron con empresarios y brókeres comercializadores de las pruebas serológicas o rápidas que de poco o nada han servido para combatir la pandemia del Covid-19.
Este cónclave fue realizado 18 de marzo de este año y cuyos detalles están en el Memorando N° 0432-2020-EF/54.01 que envía la directora general de la Dirección de Abastecimiento del MEF, Rosa Alegría Alegría, al viceministro del sector, José Carlos Chávez Cuentas.
Allí están las respuestas a los requerimientos de información del procurador Amado Enco sobre este tema de concertación que ahora se ha convertido en materia de una solicitud de investigación a las citadas autoridades por parte del Ministerio Público por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de colusión.
Pero no hay un acta que se haya levantado por lo menos dando cuenta de los informes de los empresarios y de las recomendaciones o acuerdos más importantes.
Y es que contrariando las recomendaciones de la comunidad científica y de los organismos internacionales, que privilegiaban el uso de las pruebas serológicas en vez de las rápidas, el Gobierno optó por el negocio de comprar estas últimas por un monto de S/ 100’026,487 a través de la agencia Perú Compras del MEF y no por el tradicionales conducto regular del Ministerio de Salud, vale decir el Instituto Nacional de Salud.
EN UN SÓLO DÍA
En términos legales, un hecho relevante en esta historia es la dación del Decreto de Urgencia N°28-2020 que promulgó el gobierno de Martín Vizcarra un día después del cónclave del citado 18 de marzo, con el fin de reorientar la lucha contra el virus y dejar de lado las pruebas moleculares.
Es así que, el 19 de marzo de este año, el dispositivo fue refrendado por el mandatario junto al entonces premier Vicente Zeballos y las ministras María Antonieta Alva, del MEF, y María Elizabeth Hinostroza (Salud). De acuerdo a la denuncia del renunciante procurador anticorrupción, Amado Enco, es que de esta forma se modificó la política de salud.
La defensa del Estado para los casos de corrupción de funcionarios precisa que, Vizcarra tuvo conocimiento de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el uso de las pruebas moleculares como estrategia de diagnóstico de la Covid-19.
Sin embargo, la denuncia de Enco señala que, pese a las recomendaciones técnicas que hicieron llegar médicos y funcionarios del Ministerio de Salud acerca de la inconveniencia de utilizar las pruebas rápidas como método de diagnóstico de Covid-19, no hicieron caso a las recomendaciones internacionales porque continuaron con las detecciones del virus mediante los test de pruebas rápidas.
“(…) De manera particular, el Presidente de la República (Martín Vizcarra) y los funcionarios denunciados, habrían tomado la decisión de cambiar la política de lucha contra la pandemia para usar las pruebas rápidas de manera equivalente a las pruebas moleculares, porque a criterio del Jefe de Estado, estarían más caras”, dice una parte del documento.
En otro párrafo, Enco señala: “Para llevar adelante su plan de acción, los altos funcionarios liderados por el Presidente de la República llevaron a cabo una reunión con representantes de las empresas proveedoras de las pruebas rápidas, para concertar cantidades, precios, fechas de entrega, entre otros”.
¿Cuáles eran las empresas privadas que participaron en dicha reunión de concertación?
– Roberto Taboada Gorbitz, de Roche Diagnostics
– Jurgen Schosinki Schosinki, de Roche Perú
– Eduardo Augusto Delgado, de Multimedical Supplies SAC
– Milan Pablich Escalante, de Multimedical Supplies SAC
– Isaac Rodríguez Mendoza, de Medical Insight SAC
– Pier Levaggi Muttini, de Nipro Medical Corporation Perú
– Giancarlo Sanguinetti Sanguinetti, de Unilabs Perú
– Walter Atalaya Sullón, de Unilabs Perú
– Aquiles Chacón Loayza, de Laboratorios Roe SA
– Juan Gómez de la Torre, de Laboratorios Roe SA
La adquisición de las pruebas rápidas se materializó –según el procurador Enco– tras las instrucciones del jefe de Estado a la ministra Alva para que su cartera, a través de Perú Compras, se encargue del desembolso para la ejecución del proceso de adquisición por la suma de S/ 100 millones 026 mil 487.
Asimismo, el defensor del Estado agrega que en la reunión del 18 de marzo de 2020 algunas de las empresas que participaron resultaron ser las ganadoras de las Órdenes de Compra 18-2020, 19-2020, 20-2020, 21-2020, 86-2020 y 91-2020, todas relacionadas a la adquisición de las pruebas rápidas.
MUERTES
Para Enco, la concertación de Vizcarra, la ministra Alva y los ex ministros Hinostroza y Víctor Zamora al dejar de lado el uso de pruebas moleculares por las rápidas, el Perú tuvo un incremento en la tasa de mortalidad en el mundo con 92 muertes por cada 100 mil habitantes, según información al 26 de agosto de 2020.
“Con el Decreto de Urgencia N° 028-202032 (…) permitió viabilizar la adquisición de las pruebas rápidas y con ello favorecer en la contratación de las empresas Nipro Medical Corporation Sucursal del Perú, Multimedical Supplies SAC, Diagnostica Perú y Delta Lab EIRL”, dice la denuncia.
FACTOR ZAMORA
La Procuraduría Anticorrupción sostiene que el exministro de Salud Víctor Zamora, quien asumió el cargo el 20 de marzo del 2020, desempeñó un rol importante en el impulso de este viraje de la política de salud del gobierno. En su condición de titular del sector emitió la Resolución Ministerial N° 139-2020-MINSA, de fecha 29 de marzo de 2020.
Con la disposición se dejó sin efecto la Resolución Ministerial N° 084-2020/MINSA que aprobó las formas de “Atención y manejo de casos clínicos Covid-19”. La autorización del dicho exministro estableció el uso de la de prueba serológica para diagnosticar el coronavirus desplazando las pruebas moleculares.
Es más, el 13 de abril, Zamora continuó con su política de avalar las pruebas rápidas promulgando otra norma para proseguir con las directrices del uso de la prueba rápida.
Luego, en conferencia de prensa del 14 de abril, Zamora respalda la eficacia de la misma prueba rápida a la prueba molecular, afirmando que en el Perú su uso en condiciones de epidemia no sea considerada complementaria sino “equivalente” a la prueba molecular.
PERJUICIO
La Procuraduría Anticorrupción agrega que, a consecuencia de estos actos irregulares, el Estado perdió aproximadamente S/ 100 millones y favoreció a empresas privadas con la compra de pruebas serológicas. Remarca que las empresas no tendrían registro sanitario en el país de origen (China).
Asimismo, que en otros países de la región las pruebas rápidas fueron descartadas por inservibles para diagnosticar la enfermedad de la Covid-19. Añade que el daño no fue solo económico, sino que con estas acciones se provocó el incremento de los contagios a través de los denominados “falsos negativos”, el desborde de la capacidad de atención en los centros de salud y la muerte de miles de peruanos.
ALVA SABÍA…
Según la denuncia de la Procuraduría Anticorrupción, la ministra de Economía, María Antonieta Alva, tenía conocimiento sobre las recomendaciones de la OMS sobre el uso de las pruebas moleculares como estrategia de diagnóstico de la Covid-19.
Empero, pese a ello habría “coordinado y acordado” con Vizcarra y la ex ministra Hinostroza para el cambio de la política de lucha contra la pandemia con la utilización de las pruebas serológicas en vez de la utilización de las moleculares y que de acuerdo a esto, participó en la reunión del 18 de marzo y firmó el DU N°28-2020 dado el 19 de marzo.
Además, autorizó la partida presupuestas a través de Perú Compras para la adquisición de las pruebas rápidas a las empresas proveedoras con la suma de antes citada.
HINOSTROZA
Sobre la ex ministra de Salud María Elizabeth Hinostroza, supuestamente se valió de su alto cargo de confianza para disponer a los funcionarios de dicha cartera, como directores, jefes de oficinas administrativas, entre otros para que se encarguen de los procedimientos para la adquisición de las pruebas rápidas. Esto, advierte la Procuraduría, con el propósito de favorecer a las empresas Nipro Medical Corporation Sucursal del Perú, Multimedical Supplies Sac, Diagnostica Perú y Delta Lab EIRL.
También se le cuestiona haber “coordinado” en la reunión del 18 de marzo de 2020 con Vizcarra y Alva la compra de las pruebas rápidas. Y el haber firmado el DU N° 028-2020 donde se modifica las políticas de salud para combatir la pandemia del Covid-19 en nuestro país.
PERÚ COMPRAS VS. INS
El ex procurador Amado Enco cuestiona que la adquisición de pruebas para Covid-19 se haya canalizado mediante coordinación entre el MEF y Perú Compras, sin participación del Instituto Nacional de Salud (INS) que históricamente es la encargada de la compra de reactivos. Para Rosa Alegría, funcionaria del MEF, no existe irregularidad en esta decisión.
¿HABRÁ INVESTIGACIÓN?
Amado Enco solicita se emita y eleve informe a la Fiscalía de la Nación sobre presuntos hechos con relevancia penal que podrían configurar la comisión del delito contra la
Administración Pública en la modalidad de Colusión, en contra de los
siguientes altos funcionarios públicos:
a. Martín Alberto Vizcarra Cornejo, Presidente de la República del
Perú.
b. María Antonieta Alva Luperdi, Ministra de Economía y Finanzas.
c. María Elizabeth Jacqueline Hinostroza Pereyra, Ex Ministra de
Salud.
d. Víctor Marcial Zamora Mesia, Ex Ministro de Salud.
¿LA DOCUMENTACIÓN?
En el MEF reconocen que Perú Compras se encargó de efectuar el estudio de mercado de las pruebas rápidas, determinar la estrategia de compra, viabilizar la contratación, la ejecución contractual y los pagos. ¿Estarán todos estos procedimientos debidamente documentados y puestos a disposición de la Procuraduría y, eventualmente, la Fiscalía, o será que tampoco existen, como el acta de la reunión?.
Fuente:DiarioExpreso.
